Hace algunos años (1996-2000) tuve el honor de ser director general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El Instituto se creó como un organismo autónomo público español, a raíz de la promulgación de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y entre sus objetivos se encuentran los de dar apoyo científico-técnico al Sistema Nacional de Salud (SNS), incluido el Ministerio de Sanidad y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. A la vez, la Ley de la Ciencia (Ley 13/1986) le faculta como Organismo Público de Investigación (OPI) del SNS. Esta Ley puede considerarse como la verdadera semilla del Sistema Español de Ciencia y Tecnología que le confiere una visión integrada, con objetivos definidos y una función presupuestaria.
El objetivo del ISCIII era garantizar un respaldo científico y técnico a las funciones asistenciales y promover la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D) al servicio del sistema público de salud, en aquellos años todavía centralizado (INSALUD) excepto para las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
Con el equipo de dirección, los primeros meses se dedicaron a conocer y entender la compleja estructura del ISCIII y sus actividades así cómo la forma en que el sistema de salud se beneficiaba de ellas. Ello condujo a diseñar un minucioso planteamiento estratégico (Proy. Bitácora) que trazara y ordenara el camino de desarrollo y progreso para los años sucesivos.
Sin dejar de apostar por los aspectos relacionados con las funciones de apoyo al SNS, en particular con todo lo relacionado con la Salud Pública, para dar cuerpo y respuesta a su función como organismo público se constató que, con independencia de la calidad de la investigación y las relaciones que se mantenían con hospitales, no se trabajaba de forma integral en ninguno de los tres conjuntos de patologías con la mayor morbi-mortalidad en nuestro país y los países de nuestro entorno: no existían esfuerzos investigadores organizados y priorizados a nivel nacional para las enfermedades oncológicas, las cardiovasculares o las neurodegenerativas.
Todo ello, llevó a promover desde el ISCIII, en su calidad de OPI del SNS, la creación de tres centros nacionales de investigación, que tuvieran como objetivo ser referentes reconocidos en la investigación en dichos conjuntos de patologías y que tuvieran a su disposición las capacidades científicas y tecnologías necesarias.
A estos centros de nueva creación se decidió otorgarles personalidad jurídica en forma de fundaciones. Se trataba con ello de proporcionarles la autonomía, flexibilidad y eficiencia en la gestión que se consideró exigible para alcanzar y garantizar la excelencia en el cumplimiento de sus objetivos y preservando su pertenencia al ISCIII.
Así, cada centro (fundación) se integraría en el organigrama de dicho Instituto (organismo fundador) y se vería gobernado por sus respectivos Patronatos (máximo órgano de gobierno) que con la presidencia del director del ISCIII, incluiría a un número igual de responsables científicos o técnicos (4) y responsables externos en representación de las administraciones y la sociedad civil (4). A todos se les pediría la exigible formación y capacidad académica, médica y gestora.
El primero de los centros puesto en marcha fue el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), y el principal motivo para ello fue la disposición de Mariano Barbacid, prestigiado investigador español descubridor de las bases genéticas de las enfermedades oncológicas, a aceptar el reto crear y dirigir, bajo el paraguas y tutoría del ISCIII, un centro del máximo nivel internacional dedicado a la investigación en patologías oncológicas. La ejecución de la idea fue muy rápida, ya que se planteó en 1996 (Proy. Bitácora), se contrató al profesor Barbacid en 1998, año en el que se fundó el centro, se puso la primera piedra en 2000 y se inauguró en 2002. Téngase en cuenta que a la vez y en paralelo se había iniciado la creación del segundo proyecto: el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), bajo la batuta de Sir Salvador Moncada.
Fue por entonces (avanzado el año 2000) cuando los movimientos políticos empezaron a socavar estos proyectos y al propio ISCIII, empezando por reformar los Estatutos y cambiando los órganos de gobierno lo que alejó al Instituto del control previsto estatuariamente a través del director del Instituto (presidente del patronato) y la mitad de los vocales (personas con capacidad contrastada, preferentemente cargos del propio ISCIII). Se hizo caer así un modelo de gobierno propio de un centro dedicado a la ciencia y se situó lejos del control efectivo a las personas con capacidad y mando en el ISCIII.
A quien le puede extrañar que un alto cargo (la ministra de sanidad ocupó la presidencia del CNIO) u otro desde los ministerios por los que ha peregrinado el ISCIII con posterioridad y hasta la fecha, de los que dependen las Universidades, los Organismos Públicos de Investigación y Grandes Infraestructuras Científicas o la propia Economía del País, con decenas de miles de empleados y un sin número de ocupaciones propias, puedan tener tiempo para conocer y ocuparse del estado de la producción científica y las infraestructuras o la situación de los trabajadores de un centro de investigación, por muy excelente que este sea, o de si uno de sus responsables decide realizar actividades poco razonables.
Los controles que la Administración General del Estado dispone son suficientes para alertar sobre las situaciones de riesgo, pero el órgano de gobierno, por su nivel en la jerarquía administrativa no está ni ha estado a la altura de la gestión de esos problemas por no tener un perfil ejecutivo, como el que hubiera sido necesario, no para dar una solución a la crisis desatada, sino para corregir a tiempo cualquier desviación inicialmente apuntada.
Estamos hablando del grosero intervencionismo de los poderes públicos que impregna toda la cadena del Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECTI) hasta la forma de relacionarse los actores que hacen posible el sistema y de cuya cualificación y eficiencia depende nada menos que nuestro futuro dentro del pretendido elenco de los países que lideran la producción de conocimiento y su aplicabilidad para la producción de bienes y servicios para los ciudadanos y la capacidad de competir en un mundo cada vez más exigente y activo.
En el caso CNIO está claro que los problemas no se inician con el nombramiento de la cesada directora y que lo aquí sucedido puede querer ser visto como un caso más dentro del desconcierto general. Pero, si algo es incuestionable, es que en la Fundación CNIO Carlos III han existido los preceptivos y sucesivos órganos de gobierno materializados en la figura de los Patronatos y resulta ciertamente inadmisible que tras la trayectoria burocrática/política de la Fundación, desde su creación en marzo de 1988, y el progresivo deterioro de una institución que situaron sus trabajadores en la primera década de funcionamiento en los puestos de vanguardia de la investigación del cáncer en Europa, los sucesivos patronatos no advirtiesen, alertasen y corrigiesen las razones para que así fuera. Obviamente, estas razones ya fueron previamente apuntadas. Y, las responsabilidades habrán de ser exigidas a quienes corresponda.
Desde el panorama general, la conclusión es pesimista. Se han sucedido administraciones centrales y autonómicas de uno u otro color político sin que ninguna haya puesto la Ciencia entre las prioridades nacionales. Poner la ciencia entre las prioridades no significa, que el titular de un Ministerio presida ningún Patronato, sino estar dispuesto a entender las necesidades de la ciencia y la tecnología como parte de la empresa global que es, y promover y encauzar las soluciones. Un país que renuncia a estar y competir al máximo nivel posible en I+D+I y Empresas estará abocado a la subsidiariedad y la dependencia.
Podría llegar a darse un gobierno que lo hiciese, pero España (y Europa) no puede seguir esperando. Los síntomas son extremos y los actores dentro del Sistema, la Academia (universidades, centros de investigación, OPIs, hospitales, etc.) y la Empresa, debemos asumir nuestras responsabilidades y dar un paso adelante. Será la única manera de atraer las administraciones a la ecuación.
Soplan además vientos inciertos en la geopolítica que como europeos nos llaman a contribuir más y mejor a la defensa común y que parecen estar siendo un revulsivo (impuesto) para acrecentar nuestras inversiones en I+D. Mejor estaría si produciéndose éstas no fuesen solo para fines militares. Por el contrario, debemos apostar porque nuestra mejor defensa como españoles y europeos será dar prioridad a una política inteligente de apoyo a la Ciencia, la Tecnología y las Empresas. También a las del sector de la defensa.
Dr. José Antonio Gutiérrez Fuentes
